Razón de Estado, razón de fé

La multitudinaria manifestación del pasado sábado 12 en Madrid convocada por organizaciones vinculadas a la iglesia católica y por la propia jerarquía de la Iglesia desde sus púlpitos eclesiales y desde algunos altavoces mediáticos guiados por la legítima sinrazón de la fé, constituye todo un desafío al Gobierno socialista no tanto por cuanto intente condicionar la redacción de una ley orgánica mediante la democrática voz de la calle sino porque sus consignas pueden constituir una auténtica afrenta al Estado de Derecho sobre el que se levantan las normas de convivencia entre todos los ciudadanos.

Meses antes fue la negación del derecho de acceso al matrimonio para algunos ciudadanos no asistidos por la bendición divina lo que sacudió las calles, hoy, para lo que las mismas fuerzas han sacado a mayores, jóvenes e, incluso, niños al asfalto, es su aparente repulsa a vivir en un Estado que eduque a sus menores en los valores de la libertad que otorga la razón y el pacto de convivencia internacional que delimitan los Derechos Humanos y Sociales recogidos en los tratados internacionales de convivencia.

Algunos nos preguntamos un tanto confundidos cómo la jerarquía católica no ha conseguido hallar hasta la fecha razones más sangrantes para arrastrar a sus fieles a las calles. Otros incluso les sugieren un simple ejercicio virtual para que trasladen a Google palabras tales como miseria, guerra, hambre, enfermedad o sida para encontrar algunos temas sobre los que revelarse con la fuerza de la moral. Los menos apelan inútilmente a la conciencia y sensatez de los católicos de base en un vano intento de proclamar la rebeldía en casa ajena.

En cualquier caso, no es fácil para ningún Gobierno zafarse de la sombra de ciertos grupos de presión y mucho menos si estos grupos son capaces de movilizar a una ingente cantidad de personas con mensajes contrarios a su voluntad política. Si además sumamos a ello cientos de años de confusas relaciones mutuas e injerencias recíprocas en las respectivas cúpulas de poder, el tema, lógicamente, se complica.

La incursión de la sociedad española en la democracia es todavía reciente y, en particular, su migración hacia un estado aconfesional puede parecer aún poco consolidada y, en todo caso, bastante vulnerable ante determinadas presiones ajenas al quehacer político y a la gestión de la cosa pública. El reto del ejecutivo español y de los distintos movimientos políticos que le acompañan en esta difícil tarea de cabalgar hacia la justicia social es proseguir con mayor valentía por la línea de la aconfesionalidad del sistema educativo, acomodándolo a la expresión de multiculturalidad que llena mucho más nuestras calles y afrontando con valentía una reforma que camine, no ya sólo hacia un sistema educativo público plenamente laico, sino también a que  la expresión religiosa sea, a lo más, un capítulo de la línea educativa opcional de cada centro del sistema concertado y, en ningún momento, sustitutiva de la línea de educación permanente en los valores que conforman nuestro modelo social, ni por tanto evaluable desde el punto de vista curricular. También observamos con cierta perplejidad la pasividad de Gobiernos autónomos, que como el vasco, son depositarios principales de las competencias en Educación y a quienes, a tenor de su silencio, este contexto no parece que vaya con ellos del todo.

La Constitución española (en clara fase revisionista por cuestiones territoriales, institucionales y de simple sentido común), dejando meridianamente clara la aconfesionalidad militante del Estado, aboga por la cooperación con la Iglesia Católica (y con otras religiones). La mera mención de una confesión específica en la Carta Magna puede resultar inquietante para los más puristas pero su sorpresa será mayúscula cuando descubran que esa cooperación supone, además, un coste cierto en términos económicos y presupuestarios para el erario público y que consisten en una financiación privilegiada y gratuita de todo un entramado social y empresarial eminentemente privado, todo ello auspiciado por un acuerdo bilateral entre el Gobierno español y la curia, hoy por hoy, no renovado expresamente.

La Iglesia católica desde hace ya muchos años no es (si lo ha sido alguna vez de forma no impuesta) la médula espinal de nuestra sociedad. Ahora, aunque algunos no acaben de creérselo, es sólo una forma más de expresión de la espiritualidad de la sociedad y no precisamente la más extendida ni necesariamente la más compatible con los valores propios de una comunidad que quiere cimentarse sobre los valores de la democracia y de sus virtudes esenciales: la solidaridad y la fraternidad, en la configuración de una sociedad cada vez más sabia, cada vez más libre, cada vez más radical en la defensa de la razón, la justicia y el desarrollo intelectual y personal de cada uno de los individuos que lo conforman.

Fortaleza y templanza, valores muy apropósito de la ocasión, son las recetas que trasladamos al Gobierno y a la sociedad en estos momentos de barullo y confusión.

ccuerda@naider.com

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